Una cartera de impagos exige clasificación antes del cobro

No. El cobro de créditos es la actuación del acreedor para recibir los importes pendientes. La recuperação judicial es un procedimiento brasileño utilizado por una empresa deudora en crisis para reorganizar sus obligaciones.

No necesariamente. Una muestra representativa puede identificar patrones documentales y ayudar a dimensionar el trabajo antes de clasificar todos los créditos.

En el documento privado en papel, los dos testigos siguen siendo la regla del artículo 784, III, del CPC. Para los títulos electrónicos, el § 4º permite prescindir de ellos cuando la integridad sea verificada por un proveedor de firma. Otras excepciones dependen de las características concretas del documento.

La ejecución exige un título previsto por la ley y una obligación cierta, líquida y exigible. La ação monitória parte de una prueba escrita sin fuerza ejecutiva. La demanda ordinaria de cobro sigue el procedimiento común cuando es necesario demostrar con mayor amplitud la existencia o el importe de la obligación.

No necesariamente. Algunos títulos pueden sustentar una ação monitória u otra reclamación dentro de un plazo diferente. El cálculo depende del documento, el vencimiento, los reconocimientos, los protestos, las interrupciones y los demás hechos del caso.

El Código Civil atribuye ese efecto al protesto cambiario. Su aplicación concreta depende del título, la legitimidad del protesto y un plazo aún vigente; no debe suponerse que cualquier anotación reabre un plazo ya terminado.

Según la Súmula 359 del STJ, corresponde al organismo que administra el registro de protección del crédito notificar al deudor antes de la inscripción. La empresa acreedora sigue siendo responsable de la exactitud de los datos enviados y de solicitar la cancelación después del pago.

La Súmula 548 del STJ impone al acreedor el deber de solicitar la eliminación del registro en el plazo de cinco días hábiles tras el pago íntegro y efectivo, en el contexto regulado por ese criterio.

La Lei nº 9.430/1996 admite, en el régimen de lucro real, el registro de determinadas pérdidas derivadas de las actividades de la empresa, con requisitos de importe, atraso, garantía y medidas de cobro. La decisión debe validarse con la contabilidad y la asesoría tributaria.

No. Los requisitos varían por tramo y tipo de crédito. Además, el artículo 9º-A prevé que determinados requisitos de judicialización puedan sustituirse por el protesto, respetando las condiciones y los gastos legales.

La ley restringe la deducción de pérdidas con sociedades matrices, controladas, asociadas, vinculadas y ciertas personas físicas relacionadas con la empresa acreedora. La clasificación debe comprobarse individualmente.

El crédito debe clasificarse según su origen y fecha, comprobando si está sujeto al procedimiento de reorganización, si figura en la relación y qué medida de reconocimiento, impugnación o cobro resulta aplicable.

No automáticamente. Es necesario demostrar los requisitos materiales aplicables, como el abuso de la personalidad en los supuestos legales, y respetar la contradicción y defensa en el incidente procesal.

Sí, siempre que existan criterios de segmentación, datos mínimamente fiables y un proceso de aprobación. Las carteras de gran volumen y los créditos individualmente importantes exigen modelos operativos distintos.

Los honorarios se presentan mediante contrato escrito, conforme a la tabla de la OAB, el volumen, la complejidad, las etapas y la forma de seguimiento. Las costas, los aranceles registrales y los gastos se tratan por separado cuando correspondan.

Sí. El diagnóstico, las reuniones y la organización documental pueden realizarse en línea para empresas de todo Brasil. También hay atención presencial en Ceilândia Sul, Brasília/DF.